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jueves, septiembre 23, 2021

Prescribió la causa Taym y los vecinos repudian la actuación del juez

La causa que develó algunos hechos irregulares en el control de empresas que trabajan con material contaminante, sus derivaciones, una inundación que dispersó dichos materiales prescribió y con ello la caída de la imputación a los supuestos responsables.

En marzo del 2017 luego de una lluvia intensa, un gran sector de la Ruta 5 y Ruta 36, en la localidad de Villa Parque Santa Ana, inundó la planta de tratamientos tóxicos Taym. El agua ingresó al edificio provocando que los líquidos de la planta ingresaran al flujo de agua. Incluso llegó al tratamiento de aguas de la ciudad de Córdoba.

Claramente un delito por contaminación ya que la empresa- del grupo Benito Roggio- no contaba con instalaciones adecuadas para almacenar esos líquidos peligrosos. El hecho derivó en una investigación penal que estuvo a cargo del fiscal Alejandro Peralta Otonello.  

El fiscal imputó a tres directivos de la empresa Taym SA por contaminación ambiental, a raíz de los derrames generados desde esa planta de residuos industriales tras la tormenta: Alberto Esteban Verra, presidente de Taym (en Buenos Aires), la ingeniera María Áraoz, responsable técnica, y César Ernesto Ripsky, gerente operativo de la planta en Córdoba.

Más tarde, las actuaciones las derivó al área anticorrupción. Sin embargo, el pasado 4 de agosto se dictó el sobreseimiento de los imputados y la prescripción de la causa.

Por su parte, miembros de la Asamblea Santa María sin basura se expresó: «La prescripción de la Causa contra el Gerente y la Directora Técnica de Taym por contaminación ambiental con residuos peligrosos, dictada el pasado 4 de agosto por el juez de control de Alta Gracia, Claudio Lasso; es un flagrante acto de corrupción e impunidad que atenta contra la vida y la seguridad de todos los cordobeses y agravia los derechos de todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano».

En un extenso comunicado, la Asamblea insiste: «Mientras el juez, por una parte describe cómo más de medio millón de personas recibieron en sus canillas agua contaminada con residuos tóxicos, peligrosos para la salud humana y el ambiente en general; por otro, comparando esta causa con una causa por usurpación, la da por prescripta. Señalando sin ruborizarse que: “Ni el confinamiento social obligatorio producto de la pandemia y sus constatables efectos sobre la administración de justicia, han logrado alterar el curso del plazo de la prescripción penal”.

«En épocas electorales a nadie escapa que la orden de archivar esta causa viene de arriba. Seguramente Roggio pondrá dinero para la campaña -como siempre- y sus benefactores en el poder político le sacarán esta causa de encima, aunque el propio gobernador Schiaretti haya declarado que “caería todo el peso de la ley” sobre
los responsables de este desastre ambiental. ¿Qué pasó con su promesa gobernador? En Córdoba no existe la justicia. Pero la cuestión es mucho más escandalosa. Al leer los hechos, a nadie se le escapa que en este desastre ambiental hay muchos más culpables»
, indicaron entre otras cosas.

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