La Asociación de Médicos de Guardia de la provincia de Córdoba anunció que a partir del viernes 1° de octubre el valor ético mínimo de la consulta, tanto de guardia como de especialidades, será de 6000 pesos.
La Asociación de Médicos de Guardia de la provincia de Córdoba anunció que, en consonancia con lo planteado en Buenos Aires días atrás, a partir del viernes 1° de octubre el valor ético mínimo de la consulta, tanto de guardia como de especialidades, será de 6000 pesos.
Carlos Mulqui, presidente de la entidad, en diálogo con La Nueva Mañana, explicó que la medida responde a que desde la pandemia, «el honorario médico está relegado» y que reciben pagos con diferimientos que los desvalorizan respecto de la inflación.
«Desde Buenos Aires, las asociaciones de especialidades médicas trataron de que se cobre 6000 pesos extra por consulta, porque al médico le llega la diferencia recién a los 90 días», expresó Mulqui, quien aclaró que la idea es que las prepagas y las obras sociales se hagan cargo, y que no afronten el incremento las clínicas, sanatorios ni los usuarios.
Respecto a Córdoba puntualmente, manifestó: «Pedimos que la hora médica de terapia intensiva, piso, dispensarios, se cobre con un piso ético de 6000 pesos. Durante dos años no tuvimos pacientes ni cobramos un peso. Venimos de estar en el subsuelo y estamos tratando de escalar unos metros».
Remarcó en este sentido que «las que tienen que pagar este costo son las prepagas y las obras sociales, y no los pacientes».
Y advirtió que con este estado de situación actual, «las instituciones se van a quedar sin médicos, porque algunos están yéndose del país, abandonando la profesión o no se los encuentra para las guardias». Subrayó que hay médicos que tienen que trabajar 18 horas para tener una vida digna y que, en su lugar, en muchos casos, se toma a profesionales que no tienen la experiencia necesaria.
«Las prepagas y obras sociales cubren costos de alta complejidad, pero el honorario médico queda relegado», indicó finalmente, explicando que la medida que está prevista que arranque en octubre, pretende obligar a las obras sociales y prepagas a encontrar una salida diferente para esta situación crítica.
Fuente: La Nueva Mañana
