Cadena 3- A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el gobierno fijó las condiciones que deben tener los damnificados.
A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el gobierno de Mauricio Macri anunció que indemnizará a los afectados por las explosiones en Río Tercero en 1995.
El abogado Mario Ponce, que representa a varios de los damnificados, dijo a Cadena 3 que el decreto «trata de establecer las condiciones a cumplir para estar entre los que van a percibir la indemnización».
«Van a cobrar los que tengan la causa vigente y todos a los que el tribunal no les haya decretado la caducidad de la instancia», explicó.
De acuerdo a lo que dice el Decreto 309/2018 podrán solicitar la indemnización «quienes hubieren iniciado demanda judicial con anterioridad a su fecha de entrada en vigencia, reclamando los daños y perjuicios ocasionados por los acontecimientos (…) y no hubieren obtenido resarcimiento cuantitativamente equivalente o superior al que por aplicación de esa Ley le correspondería percibir». Además, la norma señala que «la legitimación activa aquí prevista, debe considerarse extensible a sus herederos».
El documento aclara también que no se considerará causa vigente «a todos aquellos procesos judiciales en los que la instancia judicial hubiere sido declarada caduca o perimida por parte de los magistrados intervinientes y esa decisión se encontrare firme y consentida».
En este sentido, Ponce explicó que «el grueso de los demandantes reclamaron el daño moral y psicológico más los gastos que tuvieron, para hacer frente en ese momento».
«Van a percibir una suma que el propio decreto establece cuál es el modo de cálculo», indicó y explicó que en el caso del daño moral «es una suma única que establece un cálculo que resulta del salario de un agente de la administración pública, multiplicado por 100 y al que se le resta 94%. Por lo que la cifra sería de aproximadamente 140 mil pesos».
Cabe destacar que en los casos por lesiones gravísimas y lesiones graves, el pago sólo podrá ser pretendido por quienes hubieran reclamado por en demanda judicial y en los casos de daño material se alcanzará un importe máximo equivalente a la remuneración base, reducida en un 97%.
En el caso de los herederos, deberán unificar la representación a través de un medio idóneo a fin de la obtención del certificado judicial en forma indivisa y universal.
Quien llevará adelante los trabajos para determinar el mecanismo de actualización de la suma percibida y concretar la indemnización será el Ministerio de Defensa.
El letrado se manifestó «satisfecho» con la medida «porque responde a lo que la ley ha planteado». «Es un decreto que viene a darle forma a cómo va a ser el mecanismo de cobro para toda las personas que tienen juicio vigente», cerró.
