A la reciente imputación de un joven de 16 años, se sumaron ahora otros siete estudiantes identificados por las pintadas que anunciaban tiroteos en escuelas de Villa Carlos Paz y del Valle de Punilla.
Aunque la mayoría no son punibles por su edad, la Justicia les aplicó la figura de «participación activa» y evalúa medidas de tutela.
Lo que comenzó como un preocupante fenómeno de «efecto contagio» tras la tragedia de San Cristóbal, en Santa Fe, derivó en una serie de investigaciones judiciales que ya tienen nombres propios en el departamento Punilla.
Según confirmaron fuentes tribunalicias, la cifra de menores involucrados en amenazas de ataques armados en establecimientos educativos ascendió a ocho en el departamento Punilla.
El caso tomó relevancia pública la semana pasada cuando la Fiscalía de Tercer Turno de Villa Carlos Paz, a cargo de Jorgelina Gómez, imputó a un adolescente de 16 años por el delito de «amenazas calificadas por el anonimato».
Al superar la barrera de la edad de imputabilidad, el joven enfrenta un proceso penal que podría derivar en sanciones directas.
El alcance de la «participación activa»
Sin embargo, la novedad más fuerte de las últimas horas radica en la situación de otros siete estudiantes. Se trata de menores de 16 años que, si bien por ley no pueden recibir una condena penal tradicional, fueron notificados bajo la figura de «participación activa».
En términos jurídicos, esta determinación identifica el grado de compromiso físico y material de cada chico en las pintadas y mensajes que sembraron el pánico en las aulas.
La Justicia de Menores busca ahora desentrañar quiénes actuaron como autores directos de las amenazas y quiénes lo hicieron en calidad de cómplices o encubridores de lo que se interpretó, en muchos casos, como un macabro reto viral.
Medidas tutelares y responsabilidad parental
Aunque el Código Penal no prevé prisión para los menores de esta franja etaria, el proceso no es inocuo. Si la investigación demuestra que el menor representa un riesgo para sí mismo o para la comunidad, el magistrado interviniente tiene la potestad de ordenar medidas de resguardo o el ingreso a institutos especializados, siempre bajo un paradigma de resocialización.
En paralelo a la vía judicial, el Gobierno provincial ya advirtió que no descarta aplicar sanciones económicas a los padres de los alumnos implicados, buscando resarcir los costos operativos de los protocolos de seguridad que debieron activarse, los cuales incluyeron suspensiones de clases y un clima de zozobra generalizada en la comunidad educativa regional.
Fuente: La Voz
