Las instituciones podrán destinar los aportes a solventar gastos corrientes de funcionamiento, el pago de honorarios profesionales y otros insumos o faltantes que amenazan la continuidad de su labor. “Nuestra intención es sostener el entramado institucional para que nadie se sienta solo”, dijo el gobernador Martín Llaryora. El Gobierno de Córdoba ratifica así su compromiso para evitar el quiebre del sector producto del retiro de los aportes del Gobierno nacional.
El gobernador Martín Llaryora dispuso la creación de “Córdoba Sostiene – Fondo de emergencia para discapacidad”, integrado por 2.000 millones de pesos.
La iniciativa busca fortalecer las instituciones de la sociedad civil que prestan servicios a personas con discapacidad, ante la severa crisis que atraviesan como producto del retiro de los aportes del Gobierno nacional.
Los montos se podrán destinar a gastos corrientes de funcionamiento, el pago de honorarios profesionales y de otros faltantes e insumos que amenazan la continuidad de la labor, de modo de garantizar las actividades e impedir que cierren y colapse el sistema.
Junto a la secretaria General de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, el gobernador Llaryora formalizó el anuncio en el Centro Cívico, ante referentes de más de 200 instituciones cordobesas que colmaron el salón auditorio.
Llaryora remarcó que las políticas en este ámbito deben ser transversales, más allá de los partidos y las religiones. “Lo que nos debe unir es cuidar a las personas en estado de discapacidad”, afirmó.
“Córdoba Sostiene” surge como respuesta a la crisis que atraviesan las instituciones por la falta de aplicación por parte del Gobierno nacional de la dos veces sancionada Ley de Emergencia en discapacidad, situación que se vio agravada al dejar de percibir aportes de Pami o del programa social nacional Incluir Salud.
“Nuestra intención es sostener el entramado institucional para que nadie se sienta solo”, puntualizó el mandatario.
La medida de rescate anunciada por el mandatario viene a complementar las políticas públicas del Gobierno provincial en materia de discapacidad.
El gobernador reiteró que la respuesta definitiva para mantener la atención y trabajar en la inclusión excede la voluntad de Córdoba, y en este sentido reclamó que se cumpla la Ley de Emergencia de Discapacidad. “Es increíble que en Argentina se voten leyes y no se ejecuten”, enfatizó.
En tanto, Montero resaltó que el rescate financiero se inscribe en un sostenido apoyo a las políticas de inclusión. Y que, si bien Córdoba es una de las pocas provincias argentinas que mantiene el superávit fiscal, ”entendemos que el verdadero mérito no reside en ahorrar dinero a costa de la gente».
«En nuestra provincia -continuó- el superávit se gestiona bajo la lógica de una familia responsable: se cuidan los recursos, pero se garantizan primero las necesidades básicas de cada uno de sus integrantes”
La funcionaria agregó que el gobernador decidió crear el fondo «Córdoba Sostiene», para que las instituciones no quiebren ni desaparezcan. “Pero también hay que ser claros: no puede ser que el Gobierno Nacional deba 3.500 millones de pesos mensuales de Incluir Salud y no los pague. Debemos exigir que se cumpla la Ley de Discapacidad y que dejen de hablar de «fraude» para justificar el ajuste”, puntualizó.
Vale recordar que los 2.000 millones de pesos dispuestos para el salvataje se suman a los 4.500 millones asignados al Fondo Provincial de Inclusión Social de Personas con Discapacidad, creado por ley 10.928, que rige desde fines de 2023 y viene financiando dispositivos de accesibilidad y más de 300 proyectos de desarrollo e inserción laboral.
Sólo durante 2025, el fondo de discapacidad acompañó a 181 instituciones sociales en emprendimientos que favorecen la autonomía de las personas con discapacidad.
El 55% de las organizaciones están radicadas en el interior y cada una recibió en promedio $10,3 millones para fortalecer sus iniciativas.
Actualmente, muchas están en peligro cierto de cierre y requieren de un salvataje de emergencia para continuar con sus actividades.
La voz de las instituciones
En primera persona, aunque describiendo el acuciante panorama general, hablaron durante el acto Marcela Rosado (Fundación Iram) y Marcos Godoy (Fundación Uno en Más).
Rosales subrayó el acompañamiento de la Provincia para enfrentar la crítica situación que atraviesa Fundación Iram debido a la quita de los aportes nacionales. “Si no estuvieran el Gobierno de Córdoba y la Municipalidad sosteniéndonos la mano, seríamos una empresa en quiebra”, afirmó.
“El gobernador Llaryora es una persona coherente que nos apoya desde el año 2000, cuando estaba en la Dirección de Empleo de la Provincia”, añadió.
Godoy reconoció la capacidad de escucha de las instituciones gubernamentales de Córdoba, en un contexto donde los colectivos vinculados a la discapacidad se enfrentan al riesgo de quedar afuera del sistema por las políticas nacionales”.
Para nosotros es importante remarcar este acompañamiento estatal, ya que no habría forma de poder continuar con nuestras actividades. Es fundamental que sigamos trabajando en conjunto para evitar el riesgo de la exclusión social hacia las personas con discapacidad”, alertó.
Estuvieron en el encuentro, la secretaria de Coordinación y Fortalecimiento Familiar, María Eugenia Pomazan; integrantes de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis), la Mesa de Discapacidad de la Provincia, las Asociaciones de Transportistas de Discapacidad y la Comisión de Discapacidad de la Legislatura, junto a representantes de distintas áreas de discapacidad de la Provincia provenientes de la municipalidad de Córdoba, Río Cuarto y Villa María, entre otros referentes.
