Ante la grave crisis que atraviesa el sistema de atención a personas con discapacidad en la ciudad y el país, los concejales Lucía Allende y Martín Barrionuevo presentaron un proyecto para que el municipio declare la emergencia en el sector por el término de un año.
La medida responde al inminente riesgo de colapso que enfrentan instituciones locales dedicadas a la atención y acompañamiento de personas con discapacidad, debido a la falta de actualizaciones arancelarias y los significativos aumentos en los costos operativos. Según datos aportados por entidades del sector, durante 2024 los incrementos fueron casi nulos, y en 2025 directamente inexistentes, mientras los gastos se duplicaron.
Los servicios de traslado para pacientes crónicos también están en crisis: denuncian que desde diciembre no han recibido aumentos, manteniéndose el valor del kilómetro en apenas 500 pesos. A ello se suma la demora en los pagos, que varían entre 60 y 120 días, afectando a prestadores, transportistas y profesionales de apoyo.
La ordenanza prevé una serie de medidas de alivio, entre ellas:
- Creación de un Fondo Municipal de Discapacidad, destinado a brindar apoyo económico a profesionales que trabajan con personas con discapacidad.
- Exenciones impositivas para instituciones, transportistas y profesionales del área, como la exención del servicio de COSAG y la tasa automotor durante la vigencia de la emergencia.
- Gestiones para obtener la tarifa social de energía eléctrica para los centros de rehabilitación.
- Reclamo institucional al Gobierno Nacional, exigiendo respuestas urgentes frente a la crisis del sistema.
Las autoridades locales destacaron que la situación deja a muchas personas con discapacidad sin acceso a terapias, traslados ni contención, y remarcaron la urgencia de actuar para garantizar derechos básicos y evitar un mayor deterioro del sistema de atención.
