Una vez y, como disco rayado, algún sector de la política vuelve a poner en discusión los programas sociales como el supuesto “problema” de un país que enfrenta una deuda millonaria ante el FMI, inflación por las nubes y altísimos niveles de evasión fiscal. Alguien tiene que ser el “culpable”. ¿Qué dicen los referentes sociales de Alta Gracia?
En las últimas semanas, tras una presentación de la vicepresidenta Cristina Fernández el pasado 20 de junio en la CTA de los Trabajadores en donde expuso, entre otras cosas, índices mundiales sobre países con mayor o menor déficit fiscal, deuda pública y evasión, dijo que el Estado no debe permitir “la tercerización de los programas sociales” y debe ser un auditor de los mismos.
Estas declaraciones, como la mayoría que se generan después de alocuciones de la vicepresidenta, promueven más de una columna de opinión en los medios masivos de todo el país y palabrerío sin sustento y de oído de algún que otro “columnista político” de alguna radio, sin remitirse a las fuentes. Solo leyendo titulares.
La expresidenta recordó, en aquel acto, que fue el entonces presidente Eduardo Duhalde quien implementó los planes “Jefes y Jefas de Hogar” tras la debacle que terminó con el estallido social, económico y político de la “Alianza” en diciembre de 2001.
Siguiendo esa línea, durante la presidencia de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner adoptaron políticas sociales similares a las de los países conocidos como del “primer mundo”, los que mantienen una importante inversión en subsidios al gas, la energía, el transporte y paliativos económicos.
De allí nacieron, entre otros, la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo, Procrear, los programas de protección a la primera infancia y, últimamente el Potenciar Trabajo y el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), etc.
LA “MALDICIÓN”
Durante muchos años se estigmatizó a millones de personas con el mote de “negro planero”, ya que recibían una ayuda del Estado para sobrellevar una situación económica adversa. Incluso el gobierno de Córdoba, acompaña este tipo de subsidios para el transporte escolar y laboral, para mujeres (con el Programa “X mi”), para terminar los estudios secundarios, emprendedores, etc.
Pero el “planero” parece ser la causa y el motivo que tener casi un 60% de inflación en nuestro país, por ejemplo.
La “maldición” quizá radica – para algunos- en poder construir unidades productivas en las economías sociales y populares a fin de que su trabajo sea reconocido y se incorpore en las estadísticas económicas. Es decir, vecinos y vecinas que se ubican como “par” de otros en el marco de la economía y la producción de insumos y servicios.
MOVIMIENTO EVITA (DEPARTAMENTO SANTA MARÍA)
En diálogo con REDACCIÓN ALTA GRACIA, Micaela Rodríguez, de la organización social explicó- en térmicos políticos- que “resumir y asociar la política pública del Potenciar Trabajo a “planeros” es desconocer el proceso productivo del sector, y correr de foco el debate de sobre cómo resolver los problemas estructurales de la Argentina, donde la tierra, el techo y el trabajo son un privilegio de un puñado y no un derecho colectivo. Entendemos también que estos programas no resuelven de raíz la problemática, creemos deben ser transitorios, donde a partir de un proceso de dotación de herramientas, créditos productivos, formaciones y formalizaciones económicas, etc garanticen la igualdad de derechos laborales y la justicia social.
“Celebramos la apertura del debate, creemos que es necesario replantearnos el sistema económico en donde creemos firmemente en que es con el mercado, el estado y la comunidad organizada para salir de la crisis.
“Hoy junto a Juliana Guillermet, Camilo Molas y Juan Ignacio Montenegro, tomamos la responsabilidad de nuestra fuerza en términos departamentales, compartiendo y reivindicando la organización popular y caminando el proceso de dotación de derechos para nuestros y nuestras compañeros y compañeras trabajadores de la economía popular”.
La organización además repudió a aquellos quienes, en nombre de la misma, son “punteros” para cooptar voluntades en medio de la crisis económica. “Si bien no quedamos ajenos a la información publicada en diferentes medios de comunicación sobre prácticas y lógicas punteriles y vetustas, no compartimos dichos métodos y celebramos la operatividad de la elección de cambios de unidades de gestión por parte del programa, que permite a cada beneficiario poder romper con ello”
BARRIOS DE PIE- UTEP (UNIÓN DE TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA POPULAR)
Por su parte, Saira Asúa una de las representantes del sector, relató a este medio que “la discusión de los programas sociales, es vieja y viene de la derecha. Esos discursos de odio lo reciben las personas que son beneficiarias del “Potenciar Trabajo”. Se trata de miles de familias que tenían sus changas, sus trabajos informales y no eran reconocidos, no formaban parte de la economía formal. Luego se fueron convirtiendo en unidades productivas, en cooperativas donde vecinas y vecinas crearon sus trabajos relacionados con las tareas de cuidado, el ambiente, entre otros.
“Las organizaciones populares hemos hecho un gran esfuerzo para demostrar que la labor que hacemos todos los días, es trabajo. Discutimos hace un par de años, la necesidad de crear una ley de emergencia social en donde el Estado debía que garantizar una base de sueldo para estas personas que viven la diaria. Esa ley se aprobó que buscó generar en el país un millón de puestos de trabajo a través de lo que hoy se llama “Potenciar Trabajo”. En aquel momento, se llamó Salario Social Complementario.
“Esta situación garantizó el plato de comida para miles de familias y además, estas personas tuvieron más trabajo ya que, al tener garantizada una parte fundamental, debían fortalecer otras áreas. No es casual que más de 11 millones de personas pudieron acceder al IFE.
“Seguimos en una economía de emergencia, en una economía que no garantiza trabajo formal a las miles de personas en Argentina. 11 millones de personas no están registrados, no forman parte de la economía formal, eso es lo que reveló el IFE. No tenemos que estar peleando entre nosotros, es una discusión que debemos aunar criterios entre los trabajadores y trabajadoras de la economía popular.
“La economía popular es justicia social y la justicia social es peronismo. Nuestra labor como militantes es que al Frente de Todos le vaya bien, porque eso redundará en todos nosotros como sociedad. Como organizaciones sociales estamos sumamente preocupadas, porque el enemigo que tenemos en frente es el que machaca que los planes sociales solamente financian movilizaciones y piqueteros. No. Los planes sociales financian trabajo”.
