Por Noelia Martín- Si bien en este 2019 la justicia ha ido modificando sus formas, nuestro deseo para el 2020 es que se termine la justicia patriarcal y se trabaje con conciencia de género hacia las víctimas.
En abril, Héctor Gómez recibió perpetua por el femicidio de la odontóloga Silvia Maddalena. Fue condenado por homicidio agravado criminis cause, abuso sexual con acceso carnal y robo. El hecho ocurrió el 19 de mayo de 2018. Trascendidos relatan la extrema violencia que denotaba la escena del crimen y el cuerpo de la joven.
En septiembre, Daniel Medina fue condenado a nueve años de prisión, ocho de ellos por abusar de una joven de 16 años que salía de un boliche, el 7 de octubre de 2017.
En octubre, Ángel Ingrata fue condenado a seis años de prisión por abusos reiterados a sus sobrinas de 6 y 10 años, catorce años atrás. En este caso no se lo sentenció por «corrupción de menores»-que hubiera incrementado su pena- y el sexagenario está a punto de cumplir los 70 años, por lo que podría solicitar prisión domiciliaria. Increíblemente, el juicio llegó recién cuatro años después de la denuncia.
A nivel nacional se avanzó encuadrando el acoso callejero como violencia de género dentro de la Ley 27501, aunque sigue siendo una contravención.
La Ley Micaela, sancionada a fines de 2018, gracias a la presión de los movimientos feministas, determina que todos los empleados de las entidades públicas- poder ejecutivo, legislativo y judicial- deben capacitarse en atención a las víctimas de violencia. Alta Gracia adhirió a la ley en julio de 2019. Más allá que desde la Fiscalía Turno I se han dictaminado prisiones preventivas en casos de violencia de género y abusos, algunas de las víctimas nos siguen relatando que las tratan como responsables, cuando «la culpa no era mía, ni dónde estaba ni como vestía».
Durante el 2019, se llevaron a cabo varios juicios de casos de femicidio y abusos sexuales que esperaban resolución desde 2018 o antes.
Afortunadamente en todos, se condenó a los culpables, aunque las penas no devuelvan ni la vida, ni la integridad, seguridad, confianza, autoestima, dignidad, entereza, salud mental y física de las mujeres y niñas violentadas y sus familias.