Las familias Páez y Medina, de Laguna Paiva, fueron víctimas de una persecución atroz. Este juicio, conocido como Laguna Paiva II, comprende a 16 menores edad, entre uno y quince años, que fueron secuestrados, llevados a centros clandestinos de detención y 11 sufrieron abandono de persona.
“Nos trataron como a un botín de guerra, sufrimos violencia, vimos cómo torturaban a nuestros padres y nos separaron; no merecemos el olvido, solo justicia por tanto dolor”, reflexiona Mario Páez, desde Laguna Paiva, una pequeña ciudad ubicada al norte de Santa Fe. Fue secuestrado cuando tenía 14 años, en febrero de 1980, por una patota policial que ya había cometido una seguidilla de detenciones ilegales y que buscaba a su padre, Catalino Páez, fallecido en 2016. En 2025 será uno de los testigos en un juicio oral que sentará un precedente porque el Tribunal Oral de Santa Fe juzgará a cinco imputados por delitos específicos contra las infancias, acusados de abandono de persona como crimen de lesa humanidad, tormentos y privación ilegítima de la libertad agravada, durante la última dictadura cívico militar.
Este juicio, conocido como Laguna Paiva II, comprende a 16 víctimas menores edad, entre uno y quince años, que fueron secuestrados, llevados a centros clandestinos de detención y 11 sufrieron abandono de persona. Las niñas y niños, arrancados de sus casas junto a sus padres, fueron trasladados al Departamento de Informaciones de la Policía (D2) o a la Guardia de Infantería Reforzada, “centros clandestinos de detención (CCD) de la ciudad de Santa Fe en donde permanecieron en condiciones infrahumanas de vida”, se señaló en la denuncia a la que accedió elDiarioAR y que avanzó por el volumen de las pruebas. “Quedaron absolutamente abandonados a su suerte”, se puntualizó.
En todos los casos, los niños padecieron el despliegue del terror en contra de sus vidas y fueron testigos y víctimas de las amenazas de las patotas de criminales que destrozaron sus hogares, sostuvo Federico Pagliero, uno de los abogados responsables de motorizar la causa, en representación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (ADPH) Regional Rosario. Los imputados son Antonio Parvellotti, ex subjefe del Departamento de Informaciones D2 de la Policía de Santa Fe; Eduardo Riuli, ex oficial ayudante del D2; Víctor Brusa, que al momento de los hechos era secretario del juzgado federal; Oscar Valdéz, ex oficial ayudante del D2, y Fernando Mendoza, que ex comisario de la seccional de Laguna Paiva.
–¿Cuál es la importancia de este juicio que se hará en 2025?–, consultó elDiarioAR a Pagliero.
–De este nuevo debate se puede abrir un precedente novedoso para la ampliación de los sujetos de derechos y los juzgamientos por crímenes de lesa humanidad porque además de las víctimas directas, que fueron los hombres y las mujeres buscados, también hubo familias e hijos abandonados.
–¿El abandono constituye un delito de lesa humanidad?
–Por supuesto y eso surge con claridad de los testimonios. “Sobrevivimos de casualidad”, nos relataron las víctimas que durante los secuestros pasaron hambre, penurias y situaciones muy dolorosas. Busqué antecedentes de estos delitos en los juicios por crímenes de lesa humanidad y no los hay, por lo que será un acto de reparación para estos hombres y mujeres que durante años no se animaron a hablar o no pudieron hacerlo.
–¿Podría aseverarse que el terrorismo de Estado tuvo como objetivo también a las infancias, en algunos casos?
–Es así, porque la persecución genocida no solo se dio contra las personas que tenían militancia política, sino también contra sus familias. Por el valiente testimonio de 16 sobrevivientes, que eran niños en 1980, constatamos que hubo terrorismo de Estado contras las infancias llevado adelante mediante secuestros, torturas, abuso sexual y en mayor medida, mediante el abandono de las infancias luego del secuestro de sus padres.
Fuente: El DiarioAR DC/MG
