La reciente actuación del Colegio de Abogados de Alta Gracia generó polémica en Villa Los Aromos, luego de que la institución enviara una carta documento al secretario comunal, Javier Gutiérrez, exigiéndole que cese en su pedido de explicaciones sobre la labor de la procuradora comunal, la Dra. Romina Sánchez.
De acuerdo a lo informado por Gutiérrez, la misiva fue remitida por la presidenta del Colegio, Jennie Del Valle, en representación de la entidad, y busca frenar los requerimientos formales que el funcionario comunal había elevado en relación con el funcionamiento de la Procuración Comunal. El hecho ha despertado críticas y cuestionamientos por parte de sectores que advierten un intento por blindar a la funcionaria, quien además es afiliada al Colegio de Abogados de Alta Gracia.
El conflicto se originó tras una nota presentada por Gutiérrez el pasado 26 de junio, en la que solicitó —por mesa de entrada de la Comuna— información detallada sobre el área de Procuración, incluyendo la normativa que regula su funcionamiento, los profesionales involucrados, el régimen de compensaciones, los procesos de recuperación de deuda, y los tiempos de demora para vecinos y vecinas que requieran intervención de dicha área.
El pedido respondió a la preocupación de la comunidad, que en los últimos meses ha recibido un volumen inusualmente alto de intimaciones. La solicitud también reveló una irregularidad administrativa: el nombramiento de la Dra. Sánchez no figura en las resoluciones oficiales de la Comuna, lo que impide conocer formalmente los alcances de su función.
La carta documento enviada por el Colegio de Abogados sostiene que los requerimientos del secretario comunal generan un “perjuicio en el desempeño profesional” de la procuradora, por lo cual solicita que cesen tales pedidos de información.
Gutiérrez calificó la respuesta como “insólita”, y cuestionó duramente la actitud del Colegio:
“Es muy poco serio que una institución que supo tener prestigio ahora se dedique abiertamente a encubrir a sus afiliados para que no cumplan con el deber de transparencia que debe sostener cualquier acto de gobierno. ¿Por qué los vecinos de Los Aromos no pueden conocer los términos y condiciones de contratación de una funcionaria, solo porque está afiliada al Colegio?”, manifestó.
El trasfondo político tampoco pasa desapercibido. La gestión del jefe comunal Daniel Pastorino ha sido señalada por prácticas de opacidad institucional. Desde el inicio del mandato, su espacio político intentó —sin éxito— frenar la asunción de Gutiérrez mediante distintas presentaciones judiciales. Posteriormente, se habría instaurado una dinámica de obstrucción, con la suspensión de reuniones de comisión y la negativa sistemática a responder los pedidos de la minoría.
La participación del Colegio de Abogados en este escenario alimenta las sospechas de un alineamiento con el oficialismo local, en una interna que, a juzgar por los hechos, no le sería ajena.
Se espera que en los próximos días el secretario comunal emita una respuesta formal a la intimación recibida, mientras en Villa Los Aromos crece la expectativa por el desenlace de un episodio que plantea interrogantes sobre el acceso a la información pública, el ejercicio de la función institucional y el rol de los colegios profesionales en la vida democrática.
