El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja hizo lugar al pedido de la defensa y dispuso el cese del arresto domiciliario. Es en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Deberá pagar $ 200 millones.
El Juzgado Federal N° 3 de Córdoba concedió este jueves la excarcelación al exlegislador provincial Oscar González en el marco de la causa en la que está imputado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos agravado. La resolución ordena el cese del arresto domiciliario una vez que se cumplan las condiciones económicas y formales impuestas por el tribunal.
La decisión fue firmada por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja. La defensa de González, ejercida por los abogados Miguel Ángel Ortiz Pellegrini y Leandro Ortiz Morán, había solicitado el beneficio, pero el fiscal federal Maximiliano Hairabedián había dictaminado en contra y pidió que se rechazara el planteo, al sostener que seguían vigentes los riesgos procesales señalados previamente por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba
De todas maneras, el magistrado entendió que el estado actual del expediente permite otorgar la libertad bajo medidas de coerción alternativas a la prisión preventiva. En su análisis recordó que el principio de inocencia es la regla y que la privación de la libertad durante el proceso debe ser excepcional y estar debidamente fundada
La imputación contra González
González está imputado como autor del delito de enriquecimiento ilícito con lavado de activos de origen delictivo agravado por su condición de funcionario público. La escala penal prevista supera los ocho años de prisión y contempla un mínimo que impediría una eventual condena de ejecución condicional.
Sin embargo el juez sostuvo que la gravedad abstracta de la pena no alcanza por sí sola para mantener la detención, sino que deben evaluarse de manera concreta los riesgos de fuga o de entorpecimiento de la investigación.
En ese punto, el fallo destaca que la causa registró avances relevantes. Vale recordar que la Cámara Federal había revocado el procesamiento anterior al advertir que faltaba una pericia contable clave a cargo del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Esa prueba fue considerada determinante para definir si el expediente puede avanzar hacia un eventual juicio oral.
Actualmente la investigación está en el Ministerio Público Fiscal y la pericia contable ya se encuentra en trámite con la documentación incorporada en la causa
Para el juez, en este escenario no se advierte que el imputado pueda interferir en la producción de esa prueba. Por eso concluyó que no existe riesgo de entorpecimiento.
También analizó el peligro de fuga. Señaló que el Código Procesal Penal Federal prevé una serie de medidas menos gravosas que la prisión preventiva y que deben aplicarse cuando resulten suficientes para asegurar los fines del proceso. Bajo ese criterio resolvió reemplazar el arresto domiciliario por un conjunto de obligaciones.
Entre las condiciones impuestas figura la promesa formal de someterse al proceso y no obstaculizar la investigación. González deberá comparecer ante el juzgado el primer día hábil de cada mes. Además se le prohibió salir del país sin autorización judicial y se dispuso la retención de su pasaporte, que ya estaba en poder del tribunal
Caución
La resolución fija una caución de $ 200 millones que deberá ser depositada para que se haga efectivo el cese del arresto domiciliario.
El levantamiento de la detención domiciliaria se concretará una vez cumplidos esos requisitos económicos.
El fallo advierte que cualquier incumplimiento de las obligaciones, incluida la inasistencia injustificada a las presentaciones mensuales, podrá derivar en la revocación inmediata del beneficio. Una vez formalizada la liberación, González deberá presentarse al día hábil siguiente en la Secretaría Penal del juzgado para declarar domicilio y ratificar su compromiso de someterse al proceso
Fuente: La Voz
