Por Pedro Lacour- La reforma por decreto reforzó al organismo que comanda Cristian Auguadra, modificó leyes clave sin discusión parlamentaria y encendió alertas por el riesgo de vigilancia política. Malestar interno por su implementación.
El DNU 941/2025 con el que el Gobierno acaba de reformar el sistema de inteligencia abrió una polémica inmediata que excede largamente la discusión técnica. No sólo porque amplía de manera inédita las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), sino porque le concede una centralidad que no tuvo en ninguna etapa de la democracia, al modificar aspectos sustantivos tanto de la Ley de Inteligencia como de la Ley de Defensa. En el Congreso, en la oposición y también dentro del propio sistema de espionaje, la decisión empezó a leerse como un salto cualitativo en la concentración del poder informativo del Estado.
Puertas adentro del mundo de la inteligencia, el escepticismo es marcado. Una fuente con trayectoria en el área, que pasó por distintas gestiones, relativiza el alcance real de la reforma y pone el foco en el método. “Esto es como hacen siempre: tiran 100 para ver si con 40 se cierran”, explica en contacto con elDiarioAR. En su lectura, el Gobierno ya ganó la batalla comunicacional, pero la implementación aparece plagada de obstáculos y la posibilidad de una transformación profunda luce, como mínimo, incierta. “En estas condiciones, con áreas desarticuladas y problemas de seguridad elementales ¿te parece que va a ser esta transformación tan grandilocuente? Yo creo que es medio inviable”, advierte.
Ese mismo diagnóstico anticipa tensiones políticas y operativas. “Va a generar ruidos con los militares, va a generar ruidos con las fuerzas de seguridad y va a generar ruidos internos en la propia SIDE”, sostiene la fuente. Y agrega un elemento clave para entender el trasfondo del decreto: “El interés de fondo es el control presupuestario más amplio que van a tener con las fusiones de las áreas”.
Uno de los puntos que más ruido generó es la transferencia del área de ciberseguridad, que deja de depender de la SIDE y pasa a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que en el organigrama oficial depende de la Jefatura de Gabinete. Pese a que es un área que controla Karina Milei, al frente de esa secretaría está Darío Genua, un funcionario cercano al asesor Santiago Caputo, el estratega que controla políticamente el área de inteligencia a través del contador Cristian Auguadra.
En el sistema, la lectura fue inmediata. Otra voz especializada en inteligencia apunta que el corrimiento del área no es neutro. “El negocio de la ciber bajo la órbita de Jefatura de Gabinete tiene connotaciones ad hoc, porque tiene que ver directamente con la interna política”, señala. En ese marco, vuelve a aparecer el nombre del empresario Leonardo Scatturice, proveedor de tecnología digital ligado al entorno de Caputo, que podría verse beneficiado por un esquema en el que Innovación concentra decisiones sobre infraestructura, sistemas y contratos estratégicos.
“Una locura”
La ampliación de atribuciones operativas también encendió alarmas. El decreto habilita que el personal de inteligencia pueda aprehender personas en casos de flagrancia, una facultad históricamente reservada a fuerzas policiales y de seguridad. Dentro del propio mundo del espionaje, la reacción fue directa. “Una locura”, resumió un agente con responsabilidades operativas. Para esa fuente, la medida rompe un límite histórico entre inteligencia y funciones policiales y expone al organismo a conflictos judiciales difíciles de contener.
En el Congreso, en tanto, el DNU activó movimientos cruzados. Mientras que la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia formalizará un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que explique los fundamentos y alcances del decreto, el PRO optó por una posición de cautela que, en los hechos, funciona como respaldo político al Gobierno.
En un comunicado, el bloque que comanda Cristian Ritondo evitó fijar una postura definitiva hasta conocer los protocolos de aplicación y anunció que analizará la medida través de un equipo técnico. Aunque reconoció que la reforma podría tener aspectos “positivos” y relativizó el uso del DNU al señalar que fue una herramienta utilizada por gestiones anteriores, el partido amarillo destacó la integración de bases de datos como un avance y descartó riesgos legales en ese punto.
Desde la oposición, en cambio, las críticas se acumulan. El exdiputado Leopoldo Moreau denunció que el DNU “significa la creación de una policía secreta” y que “clausura la posibilidad de conducción civil de la inteligencia militar”. También recordó que es la segunda vez que Javier Milei modifica el sistema de inteligencia por decreto y acusó al Gobierno de “pasar descaradamente por encima de las facultades del Congreso”. Para Moreau, el nuevo esquema “obliga a toda la administración nacional y provincial a transformarse en delatores de la oposición política” y representa “un claro retroceso democrático”.
En la misma línea se expresó el diputado Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica ARI, quien cuestionó el método elegido por el Ejecutivo. “¿Por qué no discutir un tema tan relevante en el seno del Congreso, con debate plural y contralor efectivo?”, planteó. Y fue más allá: “Si este DNU lo hubiera firmado el kirchnerismo, estaríamos ante un escándalo institucional de proporciones históricas”.
Otro eje sensible es la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Militar (DNIM) y la concentración de la inteligencia estratégica bajo el Estado Mayor Conjunto. La reforma abrió allí un frente político inmediato. El exministro de Defensa Jorge Taiana sostuvo que el nuevo esquema “autonomiza la inteligencia del control civil del Ministerio de Defensa” y, al mismo tiempo, subordina a las Fuerzas Armadas al área de seguridad. En su interpretación, el Gobierno avanza hacia una concepción de “Guardia Nacional”, una idea que, advirtió Taiana, promueve desde hace años el Comando Sur de Estados Unidos.
Una urgencia normativa “inexistente”
Desde el propio universo de la inteligencia, el cuestionamiento vuelve una y otra vez al mismo punto. Una fuente con larga experiencia en la SIDE subraya que, a diferencia del decreto de julio de 2024, esta reforma no busca coordinar sino concentrar. “En dos años no se hizo una sola reunión de coordinación real”, remarca en diálogo con elDiarioAR. Y advierte sobre la celeridad del cambio, ya que el DNU “construye una urgencia normativa que no existe” y avanza hacia un esquema donde todas las áreas del Estado pasan a funcionar como “reservorios” de inteligencia. “La SIDE tiene que ser un proveedor de información estratégica para la toma de decisiones, no el organismo que concentre y administre todo el flujo informativo del Estado”, resume.
Es que la polémica se potencia además por el timing político de la medida. El fortalecimiento de la Secretaría como nodo central de información coincide con un momento de alta circulación de datos sensibles, en medio de disputas abiertas del Gobierno con actores de peso como la AFA y de una ofensiva discursiva contra supuestas redes de poder enquistadas en el Estado.
En ese contexto, la ampliación de la Comunidad Informativa Nacional, que obliga a organismos públicos a suministrar información estratégica al sistema de inteligencia, es leída por sectores opositores como un riesgo de utilización política del flujo informativo.
Las críticas internas también apuntan al sesgo doctrinario del texto. Esa misma fuente subraya que el decreto tiene “un perfume muy militar”, con pasajes que remiten a normas propias de las Fuerzas Armadas y a esquemas de intervención en seguridad interior. En particular, genera inquietud la posibilidad de que los militares actúen como auxiliares de la SIDE en determinadas circunstancias. “Eso requiere mucho cuidado”, advierte, al señalar que se trata de una frontera históricamente sensible en la democracia argentina.
Vigilancia política
A esas advertencias se sumó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que alertó sobre un cambio estructural en el modelo de inteligencia que introduce el decreto. Según el organismo, la reforma desplaza a la SIDE de un enfoque de seguridad nacional hacia uno centrado en la contrainteligencia, un concepto que el DNU amplía hasta englobar cualquier amenaza externa o interna al Gobierno. En esa redefinición, señaló, la Secretaría corre el riesgo de convertirse en una agencia orientada a la inteligencia política, con capacidad para vigilar y controlar todo aquello que sea definido como “riesgo interno”.
El CELS también advirtió que la reforma reactualiza la lógica del “enemigo interno” y plantea un serio riesgo para la libertad y la privacidad de las personas. En particular, cuestionó que el decreto transforme a distintas áreas del Estado —como el ReNaPer o ARCA— en terminales del sistema de inteligencia, obligadas a entregar información sensible de la ciudadanía sin controles democráticos efectivos.
En un pronunciamiento más amplio, el organismo recordó que en los últimos dos años el Gobierno reformó por decreto tanto el sistema de inteligencia como las leyes orgánicas de la Policía Federal y de las fuerzas de seguridad, pese a que ese tipo de modificaciones están vedadas por la Constitución. Con este nuevo DNU, sostuvo, se siguen corriendo los límites constitucionales y se construye, sin pasar por el Congreso, un marco normativo orientado a la vigilancia política de actores que ya aparecían señalados como “enemigos internos” en el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) filtrado.
La reforma, así, no sólo reorganiza estructuras: redefine equilibrios. Al concentrar información, ampliar facultades operativas y redistribuir áreas clave como la ciberseguridad, el Gobierno empuja un rediseño profundo del sistema de inteligencia en un contexto político cargado. Con el antecedente del rechazo al decreto que ampliaba los fondos reservados en 2024, la posibilidad de judicialización y una creciente circulación de información sensible, el DNU abrió un conflicto que excede la coyuntura y vuelve a poner en debate los límites del poder, el control civil y los mecanismos democráticos de supervisión del espionaje estatal.
Fuente: El DiarioAR – PL/MF
