Un juez en Córdoba ordenó frenar la venta de «La Perla Chica», un terreno estatal que fue usado como centro clandestino de detención durante la dictadura militar y es hoy un sitio de memoria. La medida busca preservar el lugar, ya que estaba en una lista de propiedades estatales en venta.
El juez Alejandro Sánchez Freytes, titular del Juzgado Federal N°1 de Córdoba, emitió una medida de no innovar que bloquea temporalmente la venta del ex centro clandestino de detención conocido como La Perla Chica, en Malagueño. La resolución responde a un pedido de la Unidad de Asistencia para causas de Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, y constituye un freno a los planes oficiales de enajenar este terreno del Estado nacional, señalado como sitio de memoria desde 2022.
La decisión judicial se produce en medio de la controversia desatada tras la publicación del decreto 950/24, en el cual el Poder Ejecutivo Nacional anunció la venta de 309 propiedades estatales en varias provincias. Entre ellas figura el predio de La Perla Chica, que operó como centro de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura militar argentina.
Tras la inclusión del sitio en el listado de venta, organizaciones políticas, gremiales y de derechos humanos expresaron su rechazo a la política de venta de inmuebles que afecten espacios de memoria. La Perla Chica es uno de los lugares en los que se mantienen investigaciones en curso sobre crímenes de lesa humanidad.
Además de La Perla Chica, la lista de posibles subastas incluye otro inmueble en Corrientes, el ex Regimiento de Infantería 9 (RI9), también identificado como sitio de memoria. Desde la Dirección de Sitios de la Secretaría de Derechos Humanos, actualmente sin titular, se impulsaron desde el año pasado las señalizaciones para identificar estos lugares como parte de la memoria histórica.
