Comunicado de Prensa- En mi carácter de Diputado Nacional y Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, manifiesto mi apoyo pleno a una de las instituciones más importantes de la democracia: la libertad de expresión.

Y en el mismo sentido, expreso mi rechazo a la maniobra efectuada por el asesor letrado de la municipalidad de Alta Gracia, Daniel Villar, con el claro objetivo de amedrentar al concejal opositor Roberto Brunengo, a quien conmina a pagar $500.000 por el simple  hecho de haber expresado sus opiniones con respecto a su desempeño.

Dicha intimación revela un espíritu profundamente antidemocrático. Máxime, cuando el deber de un concejal es controlar al municipio. Este intento de judicializar la política sienta un precedente gravísimo para todos los cordobeses.

En la historia reciente, el pueblo argentino ha sufrido demasiado en manos de tiranos que abusaron de su poder para silenciar a opositores. El poder político debe servir para consensuar, construir y mejorar la vida de los ciudadanos. JAMÁS para disciplinar a los adversarios. Nadie debe lesionar el derecho a la libre expresión.