La Nueva Mañana– La Justicia habilitó el curso de la demanda presentada por consumidores, tras el paro que afectó el servicio entre el 5 y 13 de junio de 2017.
El Juzgado en lo Civil y Comercial de 22° Nominación de la ciudad de Córdoba habilitó como “acción colectiva” a una demanda promovida por asociación civil “Usuarios y Consumidores Unidos” contra las empresas concesionarias del transporte urbano de la Capital.
La presentación solicita el pago de una multa de 5 millones de pesos por inclumplimiento de la prestación del servicio entre los días 5 a 13 de junio de 2017, jornadas en la que choferes de Ersa, Coniferal y Tamse llevaron adelante un paro para solicitar la reincorporación de despedidos.
El pedido de sanción se respalda también en la falta de información “clara, detallada y veraz” de las medidas que se estaban llevando a cabo a los efectos del restablecimiento de la circulación de unidades.
Tramitarán como #AcciónColectiva pedido de multa punitiva contra las empresas de #transporte https://t.co/gzCaRDvuQ3 pic.twitter.com/cRQuiHBvLa
— Justicia Córdoba (@justiciacerca) 1 de abril de 2019
En ese sentido, la jueza Patricia Asrin consideró que, en principio, aparecen “elementos suficientes para entender que en la presente causa se encuentran comprometidos derechos individuales homogéneos” y determinó que el proceso sea sustanciado como colectivo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 3, segundo párrafo, del Anexo II, del Acuerdo Reglamentario Nº 1499, Serie “A”.
La asociación civil Usuarios y Consumidores Unidos pretende que el 80% del monto de la multa sea reintegrado a los usuarios del servicio de transporte público de pasajeros, que lo acrediten a través de la presentación oportuna de sus datos registrados en el sistema de tarjetas “Red Bus” de modo proporcional entre todos los acreditados. Asimismo, un 10% se emplearía para una campaña de concientización y educación de los usuarios y consumidores de la provincia de Córdoba. En tanto, el 10% restante se destinaría a la autoridad de aplicación de la ley de defensa del consumidor en Córdoba.