Por Hugo Alconada Mon- Planteó que si los inversores se apoyaron en alguna declaración para comprar criptomoneda, fue la de Javier Milei
Hayden Davis, su hermano Gideon, su padre Thomas y otros acusados por el “caso $LIBRA” en Estados Unidos reclamaron hoy a la jueza federal Jennifer Rochon que desestime la demanda colectiva (“class action”) que afrontan en Nueva York y que busca aplicar la ley contra las organizaciones criminales que desarrollan criptomonedas. Planteó que si los inversores se apoyaron en algo para decidir si compraban el criptoctivo, fue en el posteo que emitió el presidente Javier Milei el 14 de febrero.
La demanda colectiva se centra en el presunto fraude y manipulación de precios que habrían cometido los Davis y otros acusados durante los lanzamientos de $LIBRA, el 14 de febrero pasado, y de $M3M3, de diciembre del año pasado, en perjuicio de Anuj Mehta y Omar Hurlock, entre otros inversionistas que alegan haber sufrido pérdidas al adquirir estos tokens.
Hayden Davis aparece como el principal acusado en Nueva York, pues se alega que él insinuó o sugirió, a través de publicaciones en X y declaraciones en conferencias, que $LIBRA “estaba afiliado con el gobierno argentino y específicamente con la administración del Presidente Javier Milei”.
Los demandantes también afirman que Davis habría declarado a terceros durante una conferencia que “tenía ‘control’ sobre Milei”, además de subir posteos a redes sociales que demostrarían su vínculo con el Presidente, como una foto de ambos dentro de la Casa Rosada, para sugerir que influía sobre el jefe de Estado y sus principales colaboradores.
En su última presentación, sin embargo, la defensa de Davis adujo que tales afirmaciones son “meras exageraciones” de los inversores que lo demandaron y que no constituyen declaraciones sobre las que un inversor razonable se apoyaría -o debería apoyarse- al momento de evaluar un proyecto.
En un memorando de 83 páginas que agrupó los argumentos de Hayden, Gideon y Thomas Davis, y de la empresa que integran, Kelsier Labs, los demandados replicaron que los planteos de los impulsores de la demanda colectiva no cumplen con los requisitos legales para avanzar, calificándolas de “hechos aislados presentados como rompecabezas”.
A lo largo de su memorando, Davis no aludió por sus nombres a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, o a los otros protagonistas locales del proyecto, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Pero aludió en 51 ocasiones al Presidente. Entre otros motivos, para descargar en él una eventual responsabilidad por las pérdidas que pudieran haber afrontado los inversores. “Si los inversores confiaron en alguna declaración, fueron las verdaderas declaraciones de Milei”, adujo, “no ninguna declaración falsa de Davis o cualquier otro”.
En ese sentido, Davis afirmó que el demandante Hurlock basó su compra en el tuit que emitió Milei durante la noche del 14 de febrero pasado, pero que vendió su posición antes de que el Presidente borrara ese primer posteo y publicara una retractación, por lo que tampoco cabría establecer un vínculo causal directo entre cualquier acción de Davis o Kelsier y sus pérdidas.
La defensa de Davis sostuvo, además, que tanto Hurlock como Mehta utilizaron plataformas de trading (como Phantom y Bullx) cuyos términos de servicio les advirtieron de forma expresa sobre la alta volatilidad, el riesgo de pérdida total de valor y la posibilidad de que terceros crearan tokens fraudulentos o realizaran “rug pulls”, es decir, una extracción de liquidez. Por tanto, completó, los inversionistas “expresamente asumieron los riesgos”.
Davis afirmó, además, que las acusaciones que afronta por fraude y fraude electrónico carecen de sustento, basadas en exageraciones o expresiones vagas sobre su verdadero rol en la operatoria. Y remarcó que, dada la naturaleza de las memecoins —que calificó como activos que carecen de valor intrínseco o funcionalidad—, las declaraciones de promoción rara vez deberían considerarse “materiales”.
Un punto central de la defensa es la supuesta falta de causalidad para aplicarle la llamada ley RICO, que penaliza a las organizaciones criminales en Estados Unidos. Sostuvo que los lanzamientos de $M3M3 y $LIBRA no están relacionados, sin que exista una “continuidad” entre ambos como para considerar que existe un “patrón” de actividad propia del crimen organizado.
Otra defensa
El cofundador de Meteora, Benjamin Chow, presentó su propia moción de desestimación. Argumentó que solo cumplió el rol de desarrollador de software y se abocó a proporcionar soporte técnico para la plataforma Meteora, un protocolo de finanzas descentralizadas en la cadena de bloques Solana. Y planteó que Meteora es una plataforma que cualquiera puede usar para generar liquidez.
Chow negó, además, haber participado en las tácticas manipuladoras alegadas por los demandantes, como el congelamiento de la cartera $M3M3, la extracción de liquidez, o la cuestionada compra y venta de $LIBRA o $M3M3, más allá de haber recibido una compensación estándar por su labor. Y su defensa alegó que no se puede responsabilizar a un desarrollador de software por el “mal uso de la plataforma por parte de un tercero”. Extender la responsabilidad a los desarrolladores, plantearon, sería similar a responsabilizar a NASDAQ por un fraude bursátil cometido por una empresa listada.
Chow también refutó que haya actuado con intención fraudulenta. Señaló que su participación en las discusiones de planificación o el cálculo de opciones de liquidez fueron consistentes con su rol legítimo de soporte técnico, al punto que remarcó sentirse totalmente estafado por Davis, lamentando haberlo “habilitado” a operar, lo cual es más consistente con la sorpresa que con la intención fraudulenta.
Control Operacional y la Jurisdicción
Mientras tanto, los impulsores de la demanda colectiva también se presentaron ante la jueza Rochon. Solicitaron que cite a una audiencia en la que deberá declarar Chow ya que afirmaron contar con nueva evidencia que pondría en duda su supuesto papel como mero desarrollador de software o consultor sin control alguno sobre lo ocurrido. Por el contrario, sostuvieron, aportaría luz sobre su participación durante la gestación y el lanzamiento de $LIBRA.
La jueza Rochon, que semanas atrás se declaró “extremadamente escéptica” respecto a la viabilidad de los reclamos durante una audiencia con todas las partes, deberá decidir ahora si las acusaciones de fraude cumplen con el alto umbral de prueba exigido por la ley federal, o si, como argumentan los demandados, se trata de un intento de responsabilizar a terceros por las pérdidas propias de invertir en memecoins.
Fuente. La Nación
