La Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Córdoba ordenó la imputación de Gabriela Fernández, quien se autopercibe mujer, por presuntos abusos sexuales contra otras internas en la cárcel de Bouwer. Fernández fue condenada previamente por violencia de género. La Justicia investiga su identidad de género en el marco del caso.
La Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Segundo Turno ordenó la imputación y detención de Gabriela Fernández, también conocida como “Gaby”, por presuntos delitos sexuales cometidos contra otras internas en el Establecimiento Penitenciario N°3 de Bouwer, Córdoba (cárcel de mujeres).
Fernández ingresó en 2016 a la cárcel de Bouwer por denuncias de violencia de género de su entonces pareja. Fue condenada a tres años de prisión. En 2018 dijo que se autopercibía mujer y fue trasladada a la cárcel de mujeres para continuar con su condena, pero allí fue denunciada por otras compañeras de pabellón.
Las denuncias reiteradas contra Fernández
Fernández, quien en 2018 cambió su identidad de género mientras cumplía una condena por violencia de género, fue trasladada al pabellón femenino de la cárcel de Bouwer. Durante su estadía en dicho pabellón, acumuló denuncias por maltrato y violencia hacia otras internas: en abril de 2019 fue acusada de privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y amenazas por atacar a una compañera de pabellón.
Tiempo después salió en libertad condicional y una nueva pareja de Fernández (de género femenino) la denunció con su nombre masculino. A su vez, ella también la acusó. Por esas denuncias, Fernández volvió a la cárcel en 2023, ya que tomó contacto con la víctima violando una orden de restricción.
El pasado 31 de octubre, la Cámara de Acusación de Córdoba ratificó la prisión preventiva de Fernández, elevó la causa a juicio y ordenó trasladarla a una celda donde no esté en contacto con mujeres ni con hombres. La decisión lleva la firma de los magistrados Carlos Salazar, Patricia Farías y Maximiliano Davies.
En su resolución, la Justicia hizo un repaso del historial de Fernández y advirtió sobre su peligrosidad: “Para brindar completitud a los derechos de la aquí imputada, se vulneraron o se pusieron en riesgo los derechos de 481 mujeres internas, sin contar a las funcionarias, también mujeres, encargadas del cuidado de las alojadas”.
El documento describe que Fernández fue “condenada por delitos vinculados a violencia de género antes de su autopercepción como mujer” y que después, con su nuevo DNI, “logró ser trasladada a un establecimiento exclusivo para mujeres, lugar donde cometió varios delitos vinculados a la violencia de género, siendo todas sus víctimas, claro está, mujeres que mantenían con Fernández una relación de pareja”.
El texto agregó que, una vez en libertad, “surge confusamente que formula denuncias contra su pareja del momento adoptando su anterior identidad (masculina). Otras parejas de ese lapso en libertad también la denunciaron por hechos vinculados a violencia de género”.
Este caso generó un intenso debate sobre la aplicación de la Ley de Identidad de Género en contextos penitenciarios y la necesidad de garantizar la seguridad de todas las personas privadas de libertad.
Fuente: La Voz
