La Nueva Mañana- Los gremios de conductores de verdes y amarillos analizan medidas para evitar la incorporación de la plataforma al transporte. Denuncian ilegalidad y afirman que peligra su fuente laboral.
Ante el supuesto desembarco de Uber en Córdoba, taxistas y remiseros llevan a cabo diferentes instancias, por vía gremial y vía judicial, para impedirlo por considerar que dicha llegada será perjudicial para las fuentes laborales de los choferes en la capital provincial.
En ese marco, desde el Sindicato de Conductores de Taxis de Córdoba, dirigido por Lidio Soriano, convocaron a marchar el este miércoles desde las 10 para visibilizar la ilegalidad de la aplicación y el peligro que significaría su instalación para los trabajadores del transporte.
“Este tipo de medio y actividad ilegal quiere incorporarse a nuestro sistema de transporte y por ende afectar de manera directa no solo la fuente laboral de nuestros compañeros conductores de taxis sino también la seguridad de los pasajeros”, remarcaron a través de un comunicado.
Además, desde el Sindicato de Remiseros de Córdoba, representado por Víctor Taborda, decidieron avanzar con las acciones legales en contra de Uber, solicitando a la Justicia que investigue y determine el marco legal en el cual se instalaría la empresa en la provincia.
La presentación se sustenta en que “el supuesto funcionamiento del mismo está fuera del marco normativo (ilegal) y permitir que el mismo funcione traería aparejado daños irreparables tanto en la comunidad, como en el Municipio”. “Es una acción declarativa de certezas. Le vamos a pedir a la Justicia que nos acompañe a ubicar quiénes son los responsables, los titulares, los dueños de Uber y de otras aplicaciones, en tanto y en cuanto ellos ya hicieron el anuncio que vienen a invadir, a destruir, a quedarse con todo el subsistema de taxis, de remises, de transportes escolares”, afirmó Taborda, en diálogo con Radio Mitre Córdoba.
Por su parte, el concejal Gustavo Fonseca emitió un escrito en el que destaca “la conveniencia en la utilización de este servicio público, por sobre cualquier empresa privada que intente prestarlo de manera ilegal”.
“Si bien ante los ojos de los usuarios se presenta como un servicio confiable, la falta de control del Estado sobre las condiciones de su prestación lo hacen todo lo contrario. Consideramos que los vecinos no pueden quedar al margen de una información completa sobre esta clase de servicios privados. Información que muchos medios de prensa se han encargado de ocultar”, remarcó.
Y completó: “Las empresas se consideran meras ‘intermediadoras’ entre la oferta y la demanda, y no prestadoras de un servicio de traslado de pasajeros”.
