La Asamblea Paravachasca, junto a otras organizaciones sociales y ambientales, criticaron la adhesión al RIGI, argumentando que refuerza un modelo provincial orientado a beneficiar a grandes empresas privadas, especialmente a las del sector agroindustrial, biotecnológico e inmobiliario.
Más de 750 organizaciones y comunidades se movilizaron en Córdoba para manifestar su rechazo al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La jornada de lucha y visualización, convocada por la Asamblea Paravachasca, Pan y Caramelo Punilla y Votamos Luchar, se llevó a cabo frente a la Legislatura provincial.
El descontento surgió tras el anuncio del gobernador Martín Llaryora el 7 de agosto, quien en una reunión con representantes del Grupo de Entidades Empresarias de Córdoba (G6) y empresarios del sector agropecuario, informó sobre la decisión de adherir al RIGI. Cabe destacar que en esa reunión no estuvo presente el Ministerio de Ambiente y Economía Circular, dirigido por Victoria Flores.
El RIGI, parte de la Ley Bases aprobada hace dos meses en un contexto de fuerte represión frente al Congreso Nacional, otorga amplias ventajas impositivas, aduaneras y cambiarias por un período de 30 años a empresas que inviertan más de 200 millones de dólares. Entre los incentivos se encuentran una reducción del impuesto a las ganancias y la eliminación de retenciones para exportaciones.
Las organizaciones convocantes criticaron la adhesión al RIGI, argumentando que refuerza un modelo provincial orientado a beneficiar a grandes empresas privadas, especialmente a las del sector agroindustrial, biotecnológico e inmobiliario.
